La libertad de expresión es un derecho garantizado por la Convención Interamericana y por la Declaración Universal de Naciones Unidas, por lo que resulta siempre enojoso y molesto el cierre de medios de comunicación, la persecución de periodistas, la censura y todos los mecanismos que el poder utiliza en contra de la expresión libre de los ciudadanos. Esto es inobjetable e incuestionable y hace a la ciudadanía de nuestro tiempo muy sensible a este tipo de situaciones.
No obstante lo anterior, siempre es bueno darle una oportunidad a la complejidad y a los distintos elementos que constituyen una determinada realidad, más allá de los evidentes contenidos políticos que hay detrás de lo que hoy está viviendo Venezuela. No son pocos los intereses que aquí están en juego y no es menor el interés por inducir a la opinión pública en una u otra dirección.
Independientemente de los usos políticamente intencionados que se quieran hacer de este hecho, es importante considerar que en Venezuela, el 80% de los canales de televisión abierta y emisoras de radio pertenecen y son operados por el sector privado -y esto sin considerar la televisión por cable y satélite Es importante tener presente que los medios de comunicación son un instrumento de primera importancia. La prensa es considerada el cuarto poder y, en consecuencia, de extraordinaria relevancia para ejercer el control y detentar el poder..
Lo que el Gobierno venezolano ha dicho es que, de acuerdo al artículo 156 de la Constitución y a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el deber del Estado es garantizar y regular el acceso y uso del espacio radioeléctrico y es su deber evaluar si un operador ha servido o no el interés general. Si lo ha hecho, como en el caso de otros medios, se les puede renovar la concesión, de lo contrario el Estado está en su pleno derecho a reasignar dicho espacio público.
Por lo demás, la libertad de expresión es un derecho público y no privado y, cuando se trata de un país como Venezuela, en donde los medios de comunicación están privatizados y al servicio de visiones ideológicas que amparan la acumulación y concentración de la riqueza, así como el monopolio de los puestos de comando y control de la sociedad a manos de una reducida elite, entonces la libertad de expresión es una fantasía, no existe, puesto que el derecho a expresarse de una minoría conspirativa no es lo mismo, hasta donde me alcanza el entendimiento, que el derecho de todos a ser informados. Reducir la concentración, diseminar el poder de informar, permitir el acceso a otros -ojalá a los que nunca han podido gozar de ese derecho aunque mil constituciones o declaraciones universales lo consignen y avalen- es precisamente avanzar en la dirección correcta, es decir, socializar y distribuir el derecho a la información y la libertad de expresión.
No obstante lo anterior, siempre es bueno darle una oportunidad a la complejidad y a los distintos elementos que constituyen una determinada realidad, más allá de los evidentes contenidos políticos que hay detrás de lo que hoy está viviendo Venezuela. No son pocos los intereses que aquí están en juego y no es menor el interés por inducir a la opinión pública en una u otra dirección.
Independientemente de los usos políticamente intencionados que se quieran hacer de este hecho, es importante considerar que en Venezuela, el 80% de los canales de televisión abierta y emisoras de radio pertenecen y son operados por el sector privado -y esto sin considerar la televisión por cable y satélite Es importante tener presente que los medios de comunicación son un instrumento de primera importancia. La prensa es considerada el cuarto poder y, en consecuencia, de extraordinaria relevancia para ejercer el control y detentar el poder..
Lo que el Gobierno venezolano ha dicho es que, de acuerdo al artículo 156 de la Constitución y a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el deber del Estado es garantizar y regular el acceso y uso del espacio radioeléctrico y es su deber evaluar si un operador ha servido o no el interés general. Si lo ha hecho, como en el caso de otros medios, se les puede renovar la concesión, de lo contrario el Estado está en su pleno derecho a reasignar dicho espacio público.
Por lo demás, la libertad de expresión es un derecho público y no privado y, cuando se trata de un país como Venezuela, en donde los medios de comunicación están privatizados y al servicio de visiones ideológicas que amparan la acumulación y concentración de la riqueza, así como el monopolio de los puestos de comando y control de la sociedad a manos de una reducida elite, entonces la libertad de expresión es una fantasía, no existe, puesto que el derecho a expresarse de una minoría conspirativa no es lo mismo, hasta donde me alcanza el entendimiento, que el derecho de todos a ser informados. Reducir la concentración, diseminar el poder de informar, permitir el acceso a otros -ojalá a los que nunca han podido gozar de ese derecho aunque mil constituciones o declaraciones universales lo consignen y avalen- es precisamente avanzar en la dirección correcta, es decir, socializar y distribuir el derecho a la información y la libertad de expresión.
FARRY MARQUEZ
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